12 de desembre de 2011

Teatros que bajan el telón


El periodista Justo Barranco publicó el 22 de octubre en La Vanguardia un reportaje con el título “El telón se abreal sector privado” y el subtítulo “La Generalitat intenta salvar los teatro locales con nuevas fórmulas de gestión”. El periodista consideraba una paradoja de la crisis el hecho de que en las ciudades de Madrid y Barcelona los teatros ofrecen estadísticas de espectadores que llegan a máximos históricos mientras que muchas productoras y compañías están en peligro de desaparecer porque muchos teatros municipales de ciudades medianas y pequeñas han reducido sus programaciones y, en algunos casos, las han suprimido. Esta reducción drástica de oferta comporta, por un lado, el riesgo de que muchas compañías y productoras no puedan seguir produciendo, y, por otro, el riesgo de que los teatros se vayan vaciando porque sin oferta regular y de calidad se irá perdiendo el hábito de ir al teatro.
En un artículo reciente publicado en Artez exploré líneas de financiación de los teatros municipales para salvar su continuidad aportando algunas ideas como la concentración de la oferta de los municipios que operan en un mismo territorio, el ajuste de la oferta a la demanda potencial estimada para hacerla sostenible, la gestión de la programación desde estructuras organizativas propias o externalizadas que permitan una gestión eficiente, y la elaboración de un Plan de Gestión de Públicos operado desde plataformas CRM. Siempre desde la perspectiva de buscar nuevas y eficientes formas de gestión para sostener la oferta pública actual. El periodista de LV afirma que no se trata de privatizar los teatros municipales en situación de riesgo sino de buscar nuevas fórmulas de gestión, citando la negociación que están haciendo sobre la cuestión los representantes del gobierno autonómico y del sector. La apuesta del gobierno autonómico y del sector teatral en Catalunya busca salvar la oferta pública de los municipios con modalidades de gestión más eficientes y la cooperación público-privada, en línea con Salvador Sunyer que considera que “los teatros públicos deben tener función de teatro público, no importa que la gestión sea privada”.



Desde hacer más de dos años me he dedicado intensamente a explorar y proponer modelos que permitan optimizar la gestión de las programaciones públicas. En una ponencia presentada en Mercartes 2010 aposté por dos instrumentos, la gestión externalizada y la cesión de uso. Este artículo está escrito antes de las elecciones del 20N pero hay un pronóstico de cambio en la política cultura del Estado y, aunque los municipios son soberanos, los modelos y valores dominantes promoverán tal vez una cierta privatización de la oferta cultural.

En este texto exploraré la cesión de uso como hipótesis de cesión plena de la función exhibidora al sector privado. La reflexión que propongo sobre el sistema de exhibición no tiene como objetivo resolver una coyuntura económica desfavorable sino establecer un modelo de futuro eficiente y sostenible.

Igual que en otras áreas sociales, como comunicaciones y transportes que son estratégicas para la vida colectiva, considero que el control y gestión de uso de las infraestructuras culturales de titularidad pública deben estar siempre en manos públicas para asegurar la prevalencia del interés público sobre los intereses particulares. No propongo, de ninguna manera, la cesión de las infraestructuras públicas al sector privado. Otra cosa son los contenidos. ¿Qué pasaría si los municipios que así lo consideren oportuno ceden el uso de sus infraestructuras escénicas a los operadores privados de su entorno para que éstos gestionen sus propuestas? Propongo explorar esta hipótesis por si alguien está pensando en proponerlo o decretarlo. Siempre hay que analizar todas las opciones con criterios objetivos. Ahora que ya hemos superado el prejuicio de que el teatro que gusta al gran público, llamado despectivamente comercial, no puede ser de calidad (porque el gran público no tiene educación artística) no vayamos a construir un nuevo prejuicio: que los espectáculos producidos por industrias culturales (las que, casualmente, tienen mayor presencia en los teatros públicos) no tienen valor público.

La reflexión se articulará en las siguientes preguntas:
-          ¿Es legítima la cesión de uso de infraestructuras públicas para la explotación de programaciones escénicas privadas? ¿Es legítima la cesión de uso tanto a organizaciones sin afán de lucro como a industrias culturales?
-          En caso de ser legítima, ¿es viable? ¿el sector está dispuesto a asumir esta función? ¿está preparado para hacerlo? ¿cuáles son los riesgos que comporta?
-          ¿Cómo se debe ordenar la transición del modelo actual a la cesión de uso como modelo de exhibición básico?

La legitimidad de la cesión de uso
El análisis de la Constitución española de 1978 y de la normativa vigente nos permite clasificar las artes escénicas como bien público o, más concretamente, como bien cultural de interés público. La clasificación de las artes escénicas como bien público obliga a los poderes públicos, en función de sus competencias, a garantizar su acceso a todos los ciudadanos y a tutelar la libertad de creación y expresión, evitando la injerencia de los poderes públicos y de otros poderes en los contenidos como consecuencia de su actividad de fomento o de la titularidad de los equipamientos.

Jesús Prieto[1] dice que en la teoría de la hacienda pública encontramos muchos argumentos para justificar la naturaleza de los bienes culturales como “bienes públicos”, como “bienes que generan unos efectos externos que no se agotan en las utilidades que los sujetos particulares puedan obtener de ellos”, de acuerdo con David Throsby[2] que es contundente al afirmar que “el bien cultural es un bien social irreductible cuyos beneficios no pueden ser atribuidos a los individuos concretos”.

Algunos expertos en cultura se resisten a aceptar la dimensión cultural de los bienes producidos por las industrias culturales. Jesús Prieto[3] nos recuerda que el menosprecio de la dimensión cultural de las industrias culturales y creativas lo anticiparon “próceres de la Escuela de Frankfurt como Adorno y Horhkeimer, que en los años 40 del siglo pasado lanzaron un aldabonazo pesimista contra ese modo nuevo de producción y difusión cultural, en tanto consideraban que la producción en masa de los bienes culturales por medio de las industrias culturales —concepto acuñado por ellos mismos—, su serialización y mercantilización darían al traste con la autenticidad de la cultura”.

Si los bienes culturales son bienes públicos ¿pueden operar como productos de mercado? Jesús Prieto considera que los bienes culturales que forman parte del patrimonio cultural de un territorio son susceptibles de propiedad privada, pero de una propiedad de estatuto especial porque su uso particular está limitado por su función social: asegurar la memoria colectiva y facilitar el acceso a los demás miembros de la comunidad y a futuras generaciones, de donde se deriva la obligación de conservarlos. Considera que esta función social también la tienen los bienes producidos por las industrias culturales porque interactúan con las tradiciones territoriales en la conformación de universos simbólicos compartidos de los grupos sociales viniendo a ser éstos como una brújula que orienta el resto de los inputs culturales que se reciben a lo largo de la existencia.

Los bienes y servicios escénicos generan externalidades positivas para la comunidad independientemente de quien los produzca. Pueden ser, con limitaciones, de propiedad privada y, por lo tanto, objeto de compra y venta en un mercado que debe ser regulado por los poderes públicos ya que las simples leyes de mercado no aseguran el cumplimiento de los derechos constitucionales de acceso universal ni el equilibrio entre oferta y demanda. Este estatuto especial se definió como “excepción cultural” en el GATS. Como ha escrito Lluís Bonet [4], la interrelación entre comercio y cultura es “una de las materias políticamente más sensibles y técnicamente más complejas de la agenda de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”. El compromiso entre la Unión Europea y Estados Unidos incluyó el audiovisual y la cultura en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) dejando abierta la liberalización futura del comercio de servicios culturales.

Si las artes escénicas son manifestaciones culturales que generan externalidades positivas más allá de su valor de uso y tienen dimensión pública independientemente de quien las preste o provisione, está claro que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a prácticas escénicas, teniendo en cuenta que esta obligación constitucional de carácter prestacional sólo deberá realizarse en forma de servicio público, como escribió Marcel Waline[5]cuando la iniciativa privada, por una razón cualquiera, no es suficiente para asegurarla”.

En resumen, parece que hay argumentos suficientes para asegurar que la cesión de uso de infraestructuras escénicas por parte de administraciones públicas a organizaciones privadas con o sin afán de lucro para la explotación de sus producciones que permita el acceso de los ciudadanos a los bienes escénicos es plenamente legítima.

La viabilidad
La viabilidad de la cesión de uso de infraestructuras de titularidad pública para la prestación de servicios escénicos por parte de operadores privados depende, en primer lugar, de la disposición y capacidad del sector de asumir la función exhibidora de la misma manera que ha asumido mayoritariamente la función productora desde el inicio del actual período democrático.

¿Está capacitado? El análisis de las organizaciones escénicas privadas que se han creado y desarrollado en las tres décadas precedentes lleva a pensar que las estructuras que operan con modelos de gestión profesionales centradas en la producción pueden desarrollar una segunda línea de actividad centrada en la exhibición. Este principio teórico se ve avalado por un conjunto significativo de prácticas, como es el caso de Bitó Produccions que gestiona los teatros de Salt y de Blanes, o de Tornaveu que gestiona El Musical de Valencia. Su análisis nos lleva también a la conclusión de que la gestión de dos o más líneas de actividad ha permitido a estas organizaciones escénicas crecer, conseguir mayor estabilidad y generar beneficios para invertir en proyectos de futuro sin depender tanto de la financiación ajena.

¿Está dispuesto? Las organizaciones representativas del sector han manifestado en varias ocasiones su voluntad de participar o cooperar en la exhibición pero hasta el momento no han expresado su voluntad de asumir globalmente la función exhibidora. Tampoco han manifestado lo contrario. Creo que deberían plantearse el abandono de la comodidad del actual sistema de exhibición de titularidad pública para operar directamente en el mercado, aunque tal vez dudan, con razón, de la capacidad de ciertos mercados para asegurar el sostenimiento de sus programaciones.

Los teatros privados en España[6] representan aproximadamente una cuarta parte del total (un tercio con programación comercial, otro tercio con programación alternativa, y otro tercio de entidades del tercer sector). Pero lo significativo es ver donde están ubicados estos teatros. En los municipios con menos de 200.000 habitantes hay aproximadamente un 15% de teatros de titularidad privada, y la mayoría son salas alternativas o de entidades del tercer sector. En las poblaciones entre los 200.000 y el millón de habitantes hay más del 50% de teatros de titularidad privada, y en las ciudades de más de un millón de habitantes representan alrededor del 60%, la mayoría de los cuales son de empresas privadas con afán de lucro. Los datos aportados nos permiten considerar que en los municipios de más de 200.000 habitantes puede ser sostenible una programación privada basada en el mercado. En cambio, por debajo de los 200.000 habitantes el sostenimiento de programaciones escénicas requiere la aportación de recursos públicos que compensen el déficit de mercado.

Pau Rausell[7] se pregunta si es razonable la financiación pública de la cultura. Considera que aunque no hay ningún argumento contundente que, de manera incontrovertible, nos lleve irremisiblemente a defender la intervención del Estado en materia cultural, los expertos coinciden en considerar que los territorios cada vez se definirán menos por sus contenidos tangibles y cada vez más por su capacidad de definirlos y darles sentido y significados. La cultura construye la dimensión simbólica de un territorio y deja de ser una acción ornamental de la acción pública para convertirse en una práctica estratégica para el desarrollo de la comunidad. En el desarrollo económico, las actividades culturales muestran una tasa de crecimiento superior a la media de los demás sectores. Además, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Convención sobre la Protección y la Diversidad de las Expresiones Culturales, se considera que el desarrollo personal está vinculado a su entorno, y la cohesión social se sustenta sobre valores compartidos. Por estos motivos, concluye que las políticas culturales están justificadas y los poderes públicos deben aportar los recursos que, en cada contexto y circunstancia, sean necesarios para el desarrollo cultural de la comunidad.

¿Qué riesgos comporta? Hay que tener en cuenta que el cambio de modelo de exhibición puede comportar la desimplicación de las administraciones locales en el fomento de las prácticas escénicas y, consecuentemente, la reducción de los recursos que aportan, que representan casi el 75% del total de las AAPP. No hay que olvidar que la suma de recursos aportados a la cultura por las administraciones públicas en España representa aproximadamente la mitad de los que aportan en los países europeos con mayor desarrollo cultural. Hay que seguir avanzando hacia la normalización de la cuota cultural pública dedicada a la cultura y, en esta perspectiva, el riesgo de paso atrás de los municipios comportaría la desaparición de un gran agente cultural.

En resumen, la viabilidad de un modelo de exhibición basado en la cesión de usos está condicionada a la disposición del sector de asumir la responsabilidad de la exhibición y a la aportación de recursos públicos para compensar los déficits de mercado en municipios de menos de 200.000 habitantes y otras circunstancias que lo justifiquen, pero comporta el riesgo de desimplicación de los municipios en la aportación de fondos para el fomento de las prácticas escénicas.

Conclusión
Si, por convencimiento o por prescripción de las nuevas políticas culturales, se avanza hacia la asunción de la función exhibidora por parte de las organizaciones privadas a través de la cesión de uso de las infraestructuras escénicas, es importante planificar un proceso de transición ordenado evitando la precipitación derivada de urgencias económicas y los procesos ejecutados con nocturnidad y alevosía. Esto significa establecer objetivos, fases, responsabilidades, indicadores de evaluación, etc. para tener el control de la situación y evitar pérdidas irreparables. Los públicos no nos fallarán porque durante tres décadas les hemos convencido que las artes escénicas deben formar parte de sus vidas.


Publicado en diciembre de 2011 en Artez http://www.artezblai.com/artezblai/


[1] Prieto de Pedro, J. Cultura, economía y derecho. Tres conceptos implicados. Artículo publicado en el número 1 de la revista Pensar Iberoamérica.
[2] David Throsby es el economista australiano de referencia en la reflexión sobre economía de la cultura y la intervención pública en el mercado de las artes. El año 1979 publicó The Economics of the Performing Arts. Publicó el artículo La situación económica cambiante de los artistas del espectáculo en el libro Economía del espectáculo: una comparación internacional (2009) de Cuadernos Gescénic.
[3] Prieto de Pedro, J. Cultura, economía y derecho. Tres conceptos implicados, op. cit.
[4] Lluís Bonet, especialista en economía y política de la cultura, publicó el texto “La excepción cultural” (2004) para el Real Instituto Elcano de estudios internacionales y estratégicos.
[5] Marcel Waline (1900-1982), padre de la teoría de las libertades civiles en Francia.
[6] Como siempre lamentamos no tener datos fiables y actualizados sobre las artes escénicas en España. Nos remitimos a un estudio que el año 2008 un equipo de la UB presentó en Escenium.
[7] Pau Rausell, Cultura i finançament públic, Revista Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2011.

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