El
periodista Justo Barranco publicó el 22 de octubre en La Vanguardia un
reportaje con el título “El telón se abreal sector privado” y el subtítulo “La Generalitat intenta salvar los teatro
locales con nuevas fórmulas de gestión”.
El periodista consideraba una paradoja de la crisis el hecho de que en las
ciudades de Madrid y Barcelona los teatros ofrecen estadísticas de espectadores
que llegan a máximos históricos mientras que muchas productoras y compañías
están en peligro de desaparecer porque muchos teatros municipales de ciudades
medianas y pequeñas han reducido sus programaciones y, en algunos casos, las
han suprimido. Esta reducción drástica de oferta comporta, por un lado, el
riesgo de que muchas compañías y productoras no puedan seguir produciendo, y,
por otro, el riesgo de que los teatros se vayan vaciando porque sin oferta
regular y de calidad se irá perdiendo el hábito de ir al teatro.
En
un artículo reciente publicado en Artez exploré líneas de financiación de los
teatros municipales para salvar su continuidad aportando algunas ideas como la concentración
de la oferta de los municipios que operan en un mismo territorio, el ajuste de
la oferta a la demanda potencial estimada para hacerla sostenible, la gestión
de la programación desde estructuras organizativas propias o externalizadas que
permitan una gestión eficiente, y la elaboración de un Plan de Gestión de
Públicos operado desde plataformas CRM. Siempre desde la perspectiva de buscar
nuevas y eficientes formas de gestión para sostener la oferta pública actual.
El periodista de LV afirma que no se trata de privatizar los teatros municipales
en situación de riesgo sino de buscar nuevas fórmulas de gestión, citando
la negociación que están haciendo sobre la cuestión los representantes del gobierno
autonómico y del sector. La apuesta del gobierno autonómico y del sector
teatral en Catalunya busca salvar la oferta pública de los municipios con
modalidades de gestión más eficientes y la cooperación público-privada, en
línea con Salvador Sunyer que considera que “los teatros públicos deben tener función de teatro público, no importa
que la gestión sea privada”.
Desde
hacer más de dos años me he dedicado intensamente a explorar y proponer modelos
que permitan optimizar la gestión de las programaciones públicas. En una
ponencia presentada en Mercartes 2010 aposté por dos instrumentos, la gestión
externalizada y la cesión de uso. Este artículo está escrito antes
de las elecciones del 20N pero hay un pronóstico de cambio en la política
cultura del Estado y, aunque los municipios son soberanos, los modelos y
valores dominantes promoverán tal vez una cierta privatización de la oferta
cultural.
En
este texto exploraré la cesión de uso como hipótesis de cesión plena de la
función exhibidora al sector privado. La reflexión que propongo sobre el
sistema de exhibición no tiene como objetivo resolver una coyuntura económica
desfavorable sino establecer un modelo de futuro eficiente y sostenible.
Igual
que en otras áreas sociales, como comunicaciones y transportes que son
estratégicas para la vida colectiva, considero que el control y gestión de uso
de las infraestructuras culturales de titularidad pública deben estar
siempre en manos públicas para asegurar la prevalencia del interés público
sobre los intereses particulares. No propongo, de ninguna manera, la cesión de
las infraestructuras públicas al sector privado. Otra cosa son los contenidos. ¿Qué
pasaría si los municipios que así lo consideren oportuno ceden el uso
de sus infraestructuras escénicas a los operadores privados de su entorno para
que éstos gestionen sus propuestas? Propongo explorar esta hipótesis por si
alguien está pensando en proponerlo o decretarlo. Siempre hay que analizar
todas las opciones con criterios objetivos. Ahora que ya hemos superado el
prejuicio de que el teatro que gusta al gran público, llamado despectivamente
comercial, no puede ser de calidad (porque el gran público no tiene educación
artística) no vayamos a construir un nuevo prejuicio: que los espectáculos
producidos por industrias culturales (las que, casualmente, tienen mayor
presencia en los teatros públicos) no tienen valor público.
La
reflexión se articulará en las siguientes preguntas:
-
¿Es legítima
la cesión de uso de infraestructuras públicas para la explotación de programaciones
escénicas privadas? ¿Es legítima la cesión de uso tanto a organizaciones sin
afán de lucro como a industrias culturales?
-
En
caso de ser legítima, ¿es viable? ¿el sector está dispuesto a asumir
esta función? ¿está preparado para hacerlo? ¿cuáles son los riesgos que
comporta?
-
¿Cómo
se debe ordenar la transición del modelo actual a la cesión de uso como
modelo de exhibición básico?
La
legitimidad de la cesión de uso
El
análisis de la Constitución española de 1978 y de la normativa vigente nos
permite clasificar las artes escénicas como bien público o, más concretamente, como bien
cultural de interés público. La clasificación de las artes escénicas como
bien público obliga a los poderes públicos, en función de sus competencias, a garantizar su acceso a todos los ciudadanos
y a tutelar la libertad de creación y expresión, evitando la injerencia de los
poderes públicos y de otros poderes en los contenidos como consecuencia de su
actividad de fomento o de la titularidad de los equipamientos.
Jesús Prieto[1] dice que en
la teoría de la hacienda pública encontramos muchos argumentos para justificar
la naturaleza de los bienes culturales como “bienes públicos”, como “bienes que
generan unos efectos externos que no se agotan en las utilidades que los
sujetos particulares puedan obtener de ellos”, de acuerdo con David Throsby[2]
que es contundente al afirmar que “el bien cultural es un bien social
irreductible cuyos beneficios no pueden ser atribuidos a los individuos
concretos”.
Algunos expertos en cultura se resisten a aceptar la dimensión cultural de los bienes producidos por las industrias
culturales. Jesús Prieto[3]
nos recuerda que el menosprecio de la dimensión cultural de las industrias
culturales y creativas lo anticiparon “próceres
de la Escuela de Frankfurt como Adorno
y Horhkeimer, que en los años 40 del
siglo pasado lanzaron un aldabonazo pesimista contra ese modo nuevo de
producción y difusión cultural, en tanto consideraban que la producción en masa
de los bienes culturales por medio de las industrias culturales —concepto
acuñado por ellos mismos—, su serialización y mercantilización darían al traste
con la autenticidad de la cultura”.
Si los bienes
culturales son bienes públicos ¿pueden operar como productos de mercado? Jesús Prieto considera que los bienes
culturales que forman parte del patrimonio cultural de un territorio son
susceptibles de propiedad privada, pero de una propiedad de estatuto especial porque su uso particular está
limitado por su función social: asegurar la memoria colectiva y facilitar el
acceso a los demás miembros de la comunidad y a futuras generaciones, de donde
se deriva la obligación de conservarlos. Considera que esta función social también la tienen los bienes producidos por las
industrias culturales porque interactúan con las tradiciones territoriales
en la conformación de universos simbólicos compartidos de los grupos sociales
viniendo a ser éstos como una brújula que orienta el resto de los inputs culturales que se reciben a lo
largo de la existencia.
Los bienes y
servicios escénicos generan
externalidades positivas para la comunidad independientemente de quien los
produzca. Pueden ser, con limitaciones, de propiedad privada y, por lo tanto,
objeto de compra y venta en un mercado
que debe ser regulado por los poderes públicos ya que las simples leyes de
mercado no aseguran el cumplimiento de los derechos constitucionales de acceso
universal ni el equilibrio entre oferta y demanda. Este estatuto especial se
definió como “excepción cultural” en
el GATS. Como ha escrito Lluís Bonet [4], la
interrelación entre comercio y cultura es “una de las materias políticamente
más sensibles y técnicamente más complejas de la agenda de la Organización
Mundial del Comercio (OMC)”. El compromiso entre la Unión Europea y Estados
Unidos incluyó el audiovisual y la cultura en el Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (GATS) dejando abierta la liberalización futura del
comercio de servicios culturales.
Si las artes escénicas son
manifestaciones culturales que generan externalidades positivas más allá de su
valor de uso y tienen dimensión pública independientemente de quien las preste
o provisione, está claro que los poderes públicos tienen la obligación de
garantizar el acceso de todos los ciudadanos a prácticas escénicas,
teniendo en cuenta que esta obligación constitucional de carácter prestacional
sólo deberá realizarse en forma de servicio público, como escribió Marcel Waline[5] “cuando la iniciativa privada, por una razón
cualquiera, no es suficiente para asegurarla”.
En
resumen, parece que hay argumentos suficientes para asegurar que la cesión de
uso de infraestructuras escénicas por parte de administraciones públicas a
organizaciones privadas con o sin afán de lucro para la explotación de sus
producciones que permita el acceso de los ciudadanos a los bienes escénicos es
plenamente legítima.
La
viabilidad
La
viabilidad de la cesión de uso de infraestructuras de titularidad pública para la
prestación de servicios escénicos por parte de operadores privados depende, en primer lugar, de la disposición y
capacidad del sector de asumir la función exhibidora de la misma manera que
ha asumido mayoritariamente la función productora desde el inicio del actual
período democrático.
¿Está
capacitado? El análisis de las
organizaciones escénicas privadas que se han creado y desarrollado en las tres
décadas precedentes lleva a pensar que las estructuras que operan con modelos
de gestión profesionales centradas en la producción pueden desarrollar una segunda
línea de actividad centrada en la exhibición. Este principio teórico se ve
avalado por un conjunto significativo de prácticas, como es el caso de Bitó
Produccions que gestiona los teatros de Salt y de Blanes, o de Tornaveu
que gestiona El Musical de Valencia. Su análisis nos lleva también a la
conclusión de que la gestión de dos o más líneas de actividad ha permitido a
estas organizaciones escénicas crecer, conseguir mayor estabilidad y generar
beneficios para invertir en proyectos de futuro sin depender tanto de la
financiación ajena.
¿Está
dispuesto? Las organizaciones
representativas del sector han manifestado en varias ocasiones su voluntad de
participar o cooperar en la exhibición pero hasta el momento no han expresado su
voluntad de asumir globalmente la función exhibidora. Tampoco han manifestado
lo contrario. Creo que deberían plantearse el abandono de la comodidad del actual
sistema de exhibición de titularidad pública para operar directamente en el
mercado, aunque tal vez dudan, con razón, de la capacidad de ciertos mercados
para asegurar el sostenimiento de sus programaciones.
Los
teatros privados en España[6]
representan aproximadamente una cuarta parte del total (un tercio con
programación comercial, otro tercio con programación alternativa, y otro tercio
de entidades del tercer sector). Pero lo significativo es ver donde están
ubicados estos teatros. En los municipios con menos de 200.000 habitantes hay
aproximadamente un 15% de teatros de titularidad privada, y la mayoría son
salas alternativas o de entidades del tercer sector. En las poblaciones entre
los 200.000 y el millón de habitantes hay más del 50% de teatros de titularidad
privada, y en las ciudades de más de un millón de habitantes representan
alrededor del 60%, la mayoría de los cuales son de empresas privadas con afán
de lucro. Los datos aportados nos permiten considerar que en los municipios
de más de 200.000 habitantes puede ser sostenible una programación privada
basada en el mercado. En cambio, por debajo de los 200.000 habitantes el
sostenimiento de programaciones escénicas requiere la aportación de recursos
públicos que compensen el déficit de mercado.
Pau Rausell[7] se pregunta si es
razonable la financiación pública de la
cultura. Considera que aunque no hay ningún argumento contundente que, de
manera incontrovertible, nos lleve irremisiblemente a defender la intervención
del Estado en materia cultural, los expertos coinciden en considerar que los
territorios cada vez se definirán menos por sus contenidos tangibles y cada vez
más por su capacidad de definirlos y darles sentido y significados. La cultura
construye la dimensión simbólica de un territorio y deja de ser una acción
ornamental de la acción pública para convertirse en una práctica estratégica
para el desarrollo de la comunidad. En el desarrollo económico, las actividades
culturales muestran una tasa de crecimiento superior a la media de los demás
sectores. Además, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos
hasta la Convención sobre la Protección y la Diversidad de las Expresiones
Culturales, se considera que el desarrollo personal está vinculado a su
entorno, y la cohesión social se sustenta sobre valores compartidos. Por estos
motivos, concluye que las políticas culturales están justificadas y los poderes
públicos deben aportar los recursos que, en cada contexto y circunstancia, sean
necesarios para el desarrollo cultural de la comunidad.
¿Qué
riesgos comporta? Hay que tener en
cuenta que el cambio de modelo de exhibición puede comportar la desimplicación
de las administraciones locales en el fomento de las prácticas escénicas y,
consecuentemente, la reducción de los recursos que aportan, que representan
casi el 75% del total de las AAPP. No hay que olvidar que la suma de recursos aportados
a la cultura por las administraciones públicas en España representa
aproximadamente la mitad de los que aportan en los países europeos con mayor
desarrollo cultural. Hay que seguir avanzando hacia la normalización de la cuota
cultural pública dedicada a la cultura y, en esta perspectiva, el riesgo de
paso atrás de los municipios comportaría la desaparición de un gran agente
cultural.
En resumen, la viabilidad de un modelo de
exhibición basado en la cesión de usos está condicionada a la disposición del
sector de asumir la responsabilidad de la exhibición y a la aportación de
recursos públicos para compensar los déficits de mercado en municipios de menos
de 200.000 habitantes y otras circunstancias que lo justifiquen, pero comporta
el riesgo de desimplicación de los municipios en la aportación de fondos para
el fomento de las prácticas escénicas.
Conclusión
Si,
por convencimiento o por prescripción de las nuevas políticas culturales, se
avanza hacia la asunción de la función exhibidora por parte de las
organizaciones privadas a través de la cesión de uso de las infraestructuras
escénicas, es importante planificar un proceso de transición ordenado evitando
la precipitación derivada de urgencias económicas y los procesos ejecutados con
nocturnidad y alevosía. Esto significa establecer objetivos, fases,
responsabilidades, indicadores de evaluación, etc. para tener el control de la
situación y evitar pérdidas irreparables. Los públicos no nos fallarán porque
durante tres décadas les hemos convencido que las artes escénicas deben formar
parte de sus vidas.
[1] Prieto de Pedro, J. Cultura,
economía y derecho. Tres conceptos
implicados. Artículo publicado en el número 1 de la revista Pensar
Iberoamérica.
[2] David Throsby es el economista australiano de referencia en la
reflexión sobre economía de la cultura y la intervención pública en el mercado
de las artes. El año 1979 publicó The Economics of the Performing Arts. Publicó el artículo La situación
económica cambiante de los artistas del espectáculo en el libro Economía
del espectáculo: una comparación internacional (2009) de Cuadernos
Gescénic.
[3] Prieto de Pedro, J. Cultura,
economía y derecho. Tres conceptos
implicados, op. cit.
[4] Lluís Bonet,
especialista en economía y política de la cultura, publicó el texto “La excepción cultural” (2004) para el
Real Instituto Elcano de estudios internacionales y estratégicos.
[5] Marcel Waline (1900-1982), padre de la teoría de las libertades
civiles en Francia.
[6] Como siempre lamentamos no tener datos fiables y actualizados sobre
las artes escénicas en España. Nos remitimos a un estudio que el año 2008 un
equipo de la UB presentó en Escenium.
[7] Pau Rausell, Cultura i
finançament públic, Revista Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2011.
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