Hay
empresarios sin capacidad de iniciativa ni de riesgo que intentan seguir
pescando recursos públicos aprovechando el desconcierto que se está produciendo
en las finanzas municipales. El desarrollo del sector escénico en España,
basado en un modelo proteccionista, ha fomentado el surgimiento y desarrollo de
empresas dependientes acomodadas a un statu
quo basado en las subvenciones a fondo perdido y que ahora buscan simplemente
cómo sacar provecho de la crisis de financiación de las programaciones
estables. Aunque también hay empresas grandes y pequeñas que han mostrado su
gran capacidad de iniciativa y de innovación en contextos difíciles con actitud
de servicio público y que, curiosamente, no son las más favorecidas por las
políticas escénicas vigentes.
También
es cierto que hay ortodoxos de la gestión pública directa que chapotean en las
aguas turbulentas gritando que viene el lobo y cerrando la puerta a la
iniciativa privada en un marco de cooperación.
Es
evidente que, como dice Carlos, la crisis ha puesto de manifiesto las
debilidades de nuestro sistema escénico y que ahora tenemos la oportunidad
de construir un modelo de desarrollo que apueste por un sector fuerte y
solvente cambiando las estrategias proteccionistas de fomento de la producción
escénica por otras que incentiven la capacidad de iniciativa y de asunción de riesgos.
En este sentido hay que transformar progresivamente las subvenciones a fondo
perdido en ayudas recuperables concebidas como aportación financiera del sector
público a inversiones recuperables y acreditadas con planes de explotación y
análisis de riesgos.
Para
construir un modelo de desarrollo sectorial satisfactorio debemos responder a estas
cuatro preguntas.
1. ¿Es
necesario o conveniente que el Estado intervenga en el desarrollo de las artes escénicas?
Es
imprescindible. Las artes escénicas, y la cultura en general, necesitan la
intervención del Estado para garantizar los derechos culturales de los
ciudadanos (el de creación y el de acceso a la cultura) y evitar que “la
construcción de los universos simbólicos de los ciudadanos” dependa de
operadores privados (parafraseando la cita de Pau Rausell que Carlos
incorporó en su artículo con un cierto reduccionismo interpretativo).
En
este sentido lo que sería grave e inaceptable, como advierte Carlos, es que la
Administración abandonara masivamente el sector. Todos debemos luchar para que
las dotaciones económicas de las administraciones públicas destinadas a la
cultura sigan aumentando hasta llegar a los parámetros medios de los países
europeos de referencia porque aún estamos a mitad de camino. Sin capacidad de
gasto no habría capacidad de intervención.
2. ¿Cómo
debe intervenir?
La
doctrina sobre las funciones del Estado nos habla de tres niveles de
intervención: la función limitativa para establecer las reglas del juego, el
fomento de iniciativas con valor público, y la prestación propia o impropia de
servicios públicos. Los Estados prestacionales más avanzados consideran, en
general, que la prestación de servicios culturales por parte del Estado debe
ser una actuación subsidiaria justificable sólo cuando la “sociedad civil”
(empresas y tercer sector) es incapaz de dar respuestas satisfactorias y
suficientes a las necesidades colectivas, evitando el riesgo de ingerencia
gubernamental en los contenidos culturales. La obligación constitucional de los
poderes públicos de garantizar el acceso a la cultura no exige la prestación
directa de servicios públicos (ni su producción ni su provisión).
3. ¿La
gestión privada de los servicios escénicos de titularidad pública es la
solución a los males del sector?
De
ninguna manera. Es sólo una medida más, aplicable en ciertas circunstancias.
Los males del sector requieren una reflexión global sobre su modelo de
desarrollo. Pero en el caso de un espacio escénico de titularidad municipal en
un contexto de falta de recursos para financiar una programación estable, el
titular puede invitar a operadores privados del entorno a buscar formas de
colaboración para poder ofrecer una programación compartida recurriendo a las
figuras jurídicas vigentes como la concesión administrativa o la cesión de uso.
Pero el titular sigue siendo el titular, el responsable de los servicios que se
prestan en su espacio escénico, el que toma las decisiones estratégicas. En
muchos sectores de actividad se han consolidado forma de cooperación estables
entre el sector público y el privado que los anglosajones llaman “Public–private partnership” (PPP) y
nosotros “Cooperación público-privada” (CPP).
4. ¿A qué
debemos llamar privatización?
Muchos
se empeñan en no salir de la torre de Babel. Durante los últimos dos años tal
vez la palabra “privatización” es una de las más utilizadas para defender
intereses contrarios. Si queremos que haya diálogo constructivo estaría bien
ponernos de acuerdo en el significado de algunos significantes y evitar su uso
intencionadamente ambiguo.
Mi
formación filológica me obliga a recurrir a un diccionario legitimado. La Real
Academia Española dice que privatizar es “transferir una empresa o actividad
pública al sector privado”. Transferir una actividad pública al sector privado comporta
traspasar la titularidad o capacidad de iniciativa, y no tiene nada que ver con
la gestión indirecta de un servicio público.
Comparto
el miedo de Carlos a la privatización del sector de las artes escénicas como
abandono por parte de los poderes públicos de sus responsabilidades
constitucionales, pero considero que la gestión indirecta de servicios públicos
por parte de empresas del entorno con valores de servicio público, en algunas
circunstancias, puede ser una buena solución. Las estrategias PPP, en general,
son las que consiguen un equilibrio óptimo entre dos objetivos: la generación
de riqueza a través de la eficiencia empresarial y su redistribución con
criterios de servicio a la comunidad.
Jaume Colomer
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